Daño ecológico es irreparable

La actividad minera ha provocado desde hace muchos años, daños irreversibles en el medio ambiente. Ahí está la experiencia de La Oroya y Cerro de Pasco, con relaves volcados sobre las aguas del río Mantaro en el caso de Junín y los daños a la salud de los pobladores por contaminación con metales pesados en la sangre. Ahora le toca a Cajamarca, donde se ubica la mayor explotación comercial de oro.

El agua de la laguna de Totoracocha Chica ubicada en el distrito de Encañada no es apta para el consumo humano, ni para su uso en actividades agrícolas, fue la conclusión a la que llegaron los especialistas de la Dirección de salud Ambiental del Gobierno Regional de Cajamarca (Diresa) y de la gerencia regional de Recursos Naturales y Medioambientales (Renama) tras efectuar una inspección y monitoreo en sus aguas.

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, responsabilizó de este hecho a la minera Yanacocha, ya que en la parte alta de la laguna se realiza la extracción de piedra caliza, cantera que provee del insumo principal para la elaboración de cal que la empresa requiere para las operaciones mineras y tratamiento de aguas ácidas.

“Se han realizado muestras de agua en tres puntos; dos de ellos en los manantiales que alimentan la laguna (agua de entrada) y 1 muestra en el punto de salida de agua de la laguna encontrándose que el agua contiene altos índices de residuos minerales que la ponen fuera de los Límites Máximos Permisibles para consumo humano y para el riego agrícola”, señaló Gregorio Santos Guerrero, presidente regional de Cajamarca.

Sergio Sánchez, gerente regional de la Renama, dijo que se notificará a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Fiscalía de Prevención del Delito, así como a la dirección de energía y Minas y la empresa minera involucrada para que se tomen las medidas del caso.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/nacional/dano-ecologico-es-irreparable_78717.html

La urgencia de robar

Una manera de entender el bárbaro DU 001, con el que Alan García ha separado los proyectos que le interesan (los de mayor carne) para poder hacer los arreglos de inversión, asociación y concesión que le alcancen con el tiempo de gobierno, sin controles y regulaciones, con la plata del Estado, y utilizando el biombo de ProInversión (su agencia de ventas y concesiones, a la que le han asignado el papel de “concediente” y titular de los bienes públicos puestos al remate), es que está aprovechando la distracción electoral no sólo del público, al que los medios le repiten a diario que lo que vamos a decidir en abril se ubica entre matrimonio gay e indulto a Fujimori, sino la de los propios candidatos que seguramente piensan que sin lista propia y en vía de salida, el actual presidente ya no es un problema del que deben preocuparse.

Sin duda García ha calculado esa debilidad política y ha decidido provocarla. Es por eso que su decreto tiene más mensajes que los de la corrupción y el entreguismo programados hasta el 28 de julio del 2011. De los 33 megaproyectos enlistados, es evidente que García no podrá poner en ejecución sino una parte de ellos. Algunos por ejemplo no están ni al nivel de perfil; o como pasa con las carreteras, aún no se han establecido los tramos a conceder. Y aunque los tiempos de aprobación se están acelerando hasta la locura (10 días, y 3 más para absolver cuestionamientos), nadie podría seriamente esperar que hayan 33 contratos firmados cuando jure el nuevo presidente. Todo indica por tanto que aquí va implícito un gancho para que el sucesor se gane con lo que falta y se inspire en el método para terminar de desmantelar el Estado con los amigos inversionistas. En otras palabras García ya le puso el marco al gobierno que viene para enredarlo en la lógica de la inversión y la comisión.

El nacionalismo parlamentario ha planteado un proyecto de ley para derogar la falsa urgencia del decreto de García y, si lo trabajan bien, esta elemental iniciativa deberá cortar las aguas entre los que son parte del modelo que el gobierno acaba de concentrar en un decreto de una sola página, y los que realmente están dispuestos a pelear por desmontarlo. Pero lo único realista que puede esperarse es que la iniciativa no sea aprobada y que apristas, castañedistas, Fujimoristas, pepecistas, tránsfugas y otros salven el megafaenón del gobierno, y que los toledistas busquen maneras de disfrazar su voto. Si todo llegara hasta ahí, el gordo de Palacio se reirá sonoramente, porque habrá puesto la Música a la campaña y habrá ratificado la impotencia de sus opositores. El punto es si a un país que no termina de entender la audacia de decretar la urgencia de robar, se le va a tranquilizar con la esperanza de que dentro de unos meses habrá cambio de gobierno, si se ve que la mayoría de los candidatos no expresan más que lo mismo que García tan crudamente ha puesto sobre la mesa, y que ninguno de los actuales temas de campaña polariza realmente las opciones.

García está desafiando. Es claro que ve una campaña confusa en la que nadie está poniendo el tema sobre el que girarán las decisiones finales. Para Ollanta esta es una oportunidad para recuperar la iniciativa que ha perdido por una serie de indecisiones. Es la hora de ser un candidato distinto, el único que se enfrenta a los que venden el país.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/la-urgencia-de-robar_78750.html

Inaceptable flexibilización ambiental

La ciudadanía, las comunidades y el empresariado responsable no pueden aceptar esta nefasta…

Miércoles 26 de enero de 2011 - 07:00 am
Resulta indignante y perjudicial para la lucha anticorrupción, el avance de las políticas ambientales, el desarrollo sostenible y la credibilidad del modelo económico, la sospechosa insistencia del Poder Ejecutivo de eliminar –vía dos decretos de urgencia– la certificación ambiental (estudio de impacto ambiental) como requisito previo para tramitar las concesiones o permisos estatales. Estos decretos benefician puntualmente a 33 proyectos de inversión, entre los que figuran nuevas centrales hidroeléctricas. Hace apenas tres meses se presentó un proyecto de ley para tratar de eliminar este requisito para las concesiones hidroeléctricas, asunto que fue ampliamente cuestionado por diversos sectores. No salió tal ley, pero el Consejo de Ministros saca ahora de debajo de la manga estos decretos que son un grave retroceso en lo que se refiere a la política ambiental peruana y a las convenciones internacionales.

Todo esto resulta, además, una competencia desleal. A través de esos dos decretos se establece un absurdo y abusivo privilegio a favor de un determinado grupo de inversores, eximiéndolos de cumplir con las obligaciones ambientales normadas en nuestro país y que son práctica usual en el ámbito global. Se está consagrando un nefasto antecedente que vulnera la Constitución y resta credibilidad a las instituciones democráticas, que de paso echa sombras sobre la economía de mercado, cuya transparencia es básica para el perfeccionamiento del modelo.

La Constitución, en su artículo 118 (inc. 19), señala que los decretos de urgencia solo deben ser dictados en materia económica y financiera y no en temas regulatorios administrativos, como es el referido a las certificaciones ambientales como requisito para una concesión. Se contraviene toda lógica administrativa. ¿Qué pasará con aquellos proyectos de inversión que sí reciben la autorización estatal, pero que posteriormente –al presentar los estudios de impacto ambiental– resultan inviables y perjudiciales? ¡El mundo al revés!

Como país estamos dando un pésimo mensaje tanto hacia adentro como al resto del mundo, cada vez más sensible en el tema de la conservación y el desarrollo ambiental y socialmente responsable.

La ciudadanía, las comunidades y el empresariado responsable no pueden aceptar esta nefasta flexibilización, que nos retrotraerá al pasado y afecta las bases mismas del Estado de derecho y la economía social de mercado. Se asestaría, además, un duro golpe a la seguridad jurídica de la nación, con lo que se espantaría a inversionistas serios y de talla mundial, acostumbrados a cumplir las obligaciones ambientales y los estándares de responsabilidad social.

Esta sospechosa iniciativa es inaceptable y compete al Ejecutivo dar las explicaciones del caso. Es inaceptable que se sienten precedentes tan graves que podrían, además, ser fuente de nuevos conflictos sociales que perturben la paz social. El Gobierno tiene que ponderar las consecuencias de estos decretos y disponer su derogación, antes de que se consumen atropellos contra el medio ambiente. En último caso, compete al Congreso asumir su deber de fiscalizar y promover la desactivación de tan infelices iniciativas

http://elcomercio.pe/opinion/704177/noticia-editorial-inaceptable-flexibilizacion-ambiental