ANA: existen 235 conflictos sociales vigentes por el agua en el país

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) identificó 235 conflictos sociales que se encuentran vigentes debido a problemas vinculados con recursos hídricos a lo largo de todo el territorio nacional. Entre las principales causas de estos conflictos se destaca: la reducción de la disponibilidad del agua a consecuencia del cambio climático, el incremento de actividades intensivas en el uso de este recurso y la contaminación ambiental.
En el marco de una serie de charlas magistrales sobre el agua en el local de la ANA, el secretario general de esta institución, Javier Carrasco, explicó que hasta noviembre del año pasado, existían 244 conflictos por el agua, pero que se han podido solucionar 9 de ellos.
Precisó que entre los conflictos actuales, 22 están en estado crítico (han entrado a una situación de crisis), 105 están en sus inicios, y 108 conflictos se encuentran en estado de formación. Además, la ANA identificó que los departamentos de Cajamarca y Piura son los que lideran en el número de conflictos sociales con 21 casos cada uno, seguidos de Áncash y Tumbes con 19 conflictos, en cada caso.
Entre los casos puntuales se encuentran el de la Cuenca Cajarmarquino (Cajamarca), Río Casma-Canal Tabón (Áncash), Lago Patarcocha (Pasco), Lago Chinchaycocha (Junín) y Río Utcubamba (Amazonas).
El funcionario indicó que la falta de información es un punto crucial en la generación de conflictos de este tipo y no por desidia o desinterés de parte de las entidades del Estado.
Carrasco añadió también que para ayudar a superar esos conflictos y mitigar los nuevos, la ANA ha instaurado un sistema de información y de capacitación para que los usuarios puedan tener conocimiento de las competencias de dicha institución. “Apenas se publique el reglamento se iniciará toda una campaña de difusión en el ámbito nacional”, agregó.
Según el reporte mensual correspondiente al mes de febrero del 2010 de la Defensoría del Pueblo, aún no no se registran acciones de diálogo en la gran mayoría de conflictos sociales. Por ejemplo, en el caso del Lago Chinchaycocha, diversos pobladores de las comunidades aledañas como San Pedro de Pari, Huayre y Cochamarca; vienen reclamando a las autoridades la descontaminación del referido lago.
El caso Chinchaycocha es analizado en este video de Enlace Nacional

http://www.actualidadambiental.pe/?p=4540

Caso La Oroya: piden elevar solicitud de medidas cautelares ante Corte Interamericana de Derechos Humanos

Un grupo de representantes de pobladores de La Oroya solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevar la solicitud de imponer medidas cautelares al Estado Peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica.
De acuerdo a Astrid Puentes, co-Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), esta solicitud es viable pues “después de dos años y siete meses de la solicitud de las medidas cautelares por la Comisión Interamericana, éstas no han sido cumplidas” por parte del Estado peruano.
El pedido se realizó durante una audiencia de la CIDH, en Washington (EE.UU.) donde el Estado peruano se presentó (a través de representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Osinergmin) para dar cuenta de las acciones que se han realizado para remediar los casos de contaminación en La Oroya.
Durante la cita, los representantes del Estado afirmaron que la medida cautelar a favor de la salud de los pobladores de La Oroya ha sido “satisfecha”, por lo que consideraron levantar esta medida.
Dentro de las acciones realizadas en La Oroya, el Estado informó que se ha iniciado un grupo de obras para cubrir suelos expuestos y mejorar hábitos de higiene; el Minsa ha coordinado citas médicas y se ha expandido la capacidad hospitalaria y, por se ha aumentado el nivel de multas contra las malas prácticas mineras.
Sin embargo, para Carmen Rosa Sandoval, abogada de la SPDA: “No es posible asegurar en el tiempo que la supervisión y fiscalización estatal sea eficaz; nuestro análisis y la presentación del Estado evidencia que las sanciones son tardías e incompletas, los procesos son largos, por lo que no cumplen con los objetivos”.
AÑOS ESPERANDO RESPUESTA
Para Rosa Amaro, pobladora de La Oroya, la actitud del Estado ante la CIDH fue “irresponsable”: “No pueden decir que se tiene que dar por concluida la medida cautelar, sin haber concluido las evaluaciones médicas y tampoco tener un diagnóstico definitivo para nuestro tratamiento”.
Amaro recordó la lentitud con la que el Ministerio de Salud actúa para dar un diagnóstico claro a los oroyinos: “Han pasado dos años y no tenemos diagnóstico de nuestros padecimientos. En el Ministerio de Salud y en el de La Oroya no existen médicos especialistas”.
Al respecto, Astrid Puentes, de AIDA, indicó que, por el contrario, el Estado ha “ignorando las conclusiones del Grupo de Expertos, las peticiones de los beneficiarios y los lineamientos científicos, pretende dar por concluidas las medidas cautelares. Esto aún sin haber dado a los beneficiarios las conclusiones que presentaron hoy ante la Comisión”.
Por su parte, Fernando Serrano, doctor de la Universidad de Saint Louis (Missouri, Estados Unidos), indicó, en base a los dosajes que se han hecho a un grupo de pobladores de esa ciudad, que los niveles de plomo reportados son elevados. La preocupación recae, sobre todo, en los niños menores de 7 años.
Además, informó que en la mayoría de niños menores de 7 años el cadmio excede el valor de referencia de 0.21 y 0.5; valores que en los adultos son largamente excedidos. En cuanto al arsénico, los porcentajes exceden el valor de referencia en la mayoría de los casos. Para Fernando Serrano, esto, desde el punto de vista de la salud pública, es preocupante pues indica que los pobladores continúan enfrentando riesgos en su salud.
“Con esos niveles de cadmio y arsénico la gente ya puede tener riesgo en la salud. No es necesario que les de cáncer para actuar”, dijo.
——————–
Foto: Diego Pérez /

http://www.actualidadambiental.pe/?p=4540

Ríos y Represas: nuestra Amazonía en negociación

Escribe Aldo Soto Hurtado / Gerente de Programa Amazonía Noroeste/Northwestern Amazon Program Manager – WWF
Los que trabajamos en la Amazonía generalmente tenemos como principal preocupación ambiental la deforestación; uno asocia la pérdida del bosque con madereros ilegales, el avance de la frontera agrícola y la construcción de carreteras. Nos era muy lejano pensar en un impacto masivo de pérdida de bosque por un embalse. ¿40,000 ha inundadas? ¿Cómo así? ¿Es posible eso? Cuando pensamos en las amenazas a la salud de los ríos, pensamos en la contaminación por centros urbanos, derrames petroleros, pesticidas provenientes de la agricultura, sobrepesca. Sin embargo, poco nos había preocupado el caudal ecológico de un río amazónico, los pulsos hidrosedimentológicos, la conectividad lateral, etc.
Ahora nos enfrentamos a una realidad distinta y estamos tratando de responder a ella. Nuestro gobierno y el de Brasil se encuentran ad portas de la firma de un tratado de integración energética, quizá sea más correcto decirlo un tratado de “chuponeo” energético. Nuestro vecino amazónico nos ha propuesto construir 15 hidroeléctricas en nuestra selva (ellos pagan todo, gracias) para luego suministrarse gran cantidad de esa energía. El tema de la negociación no lo voy a tocar, ya se ha abierto el debate sobre la forma en que el gobierno está enfrentando esta propuesta (aunque aún no es conocido por la mayoría de peruanos). En cambio, voy a elaborar en base a la siguiente pregunta: ¿quién paga los costos ambientales y sociales y que tan altos son?
La primera pregunta es fácil de responder: el Perú los paga, usted, yo, sus hijos, mis futuros nietos, lo hijos de nuestro presidente, de nuestros congresistas.
Para responder la segunda pregunta, esta semana hemos recibido a reconocidos especialistas de Brasil y Argentina, hemos invitado a científicos y ambientalistas compatriotas y nos han enseñado, en base a su amplia experiencia, qué impactos generan las represas en los ríos. Los retos que estamos enfrentando ya ocurrieron en sus países, ya los vivieron, los sufrieron y aprendieron la lección. Sus estudios y experiencia, de más de 20 años, la compartieron con nosotros durante dos días.
El profesor Neiff nos hacía referencia al Caudal ecológico con la siguiente frase: “Perdone Sr., usted funciona felizmente con 5L de sangre, pero nosotros consideramos que con 1,9L todavía puede seguir vivo”. El profesor Agostinho nos explicaba como el impacto aguas abajo de la represa era evidente en la concentración de nutrientes (pueden reducirse hasta en 70%), esto afecta a los peces, las pesquerías, el modo de vida de las comunidades locales, conocimientos, creencias, sentimientos con su entorno y relaciones sociales. El profeso Arenas hacía hincapié en que la ubicación de una represa sólo consideraba criterios de ingeniería y no consideraba los ambientales, como el proyecto hidroeléctrico Inambari, estarían represando dos ríos: el Inambari y el río Araza.
Ernesto Raéz, César Gamboa y Alberto Barandiarán recalcaron la necesidad de evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos de no solo una represa, sino de todas en su conjunto; la necesidad de mejorar los Estudios de Impacto Ambiental, estos deben de evaluar los proyectos integralmente y no en fases o partes, normar su estructura y estándares, no solo sugerirlos, así como incluir mecanismos de responsabilidad para las empresas consultoras que los realizan, para evitar que ocurran copias literales entre estudios (¡vergonzoso!). Y por supuesto, el Ministerio del Ambiente debe ser la institución encargada de todo esto, pero, sobre todo, de aprobarlos. Siendo el Ministerio de Energía y Minas el responsable actual, los conflictos de intereses bullen por todas partes.
En conclusión, la construcción de 15 o 6 represas en nuestra megadiversa Amazonía va a afectarla en un grado que aún no podemos predecir. No porque sea imposible, sino porque no tenemos voluntad de hacer este ejercicio. Existe la experiencia en otros países, existe la tecnología para hacerlo y el interés y capacidad de varios peruanos comprometidos. La información debe generarse y en base a ésta el Perú debe tomar las mejores decisiones para asegurar su desarrollo sostenible, procurando energías limpias pero con menor impacto ambiental, respetando los tratados internacionales de consulta previa a los pueblos indígenas y con impactos sociales positivos. No sólo en las ciudades que recibirán la energía, sino en las localidades rurales y comunidades nativas que muchas veces solo ven pasar los cables de alta tensión sobre sus casas y sus chacras.

http://www.actualidadambiental.pe/?p=4694

Brack solicita implementación de Fiscalía Ambiental en Puerto Maldonado

Para facilitar las denuncias de los delitos ambientales que vienen ocurriendo en Madre de Dios, así como para fortalecer el proceso de ordenamiento minero, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, hizo un pedido al Ministerio Público para que se cree una Fiscalía Ambiental exclusiva para Puerto Maldonado.
Asimismo, anunció que se viene coordinando con el PCM para que el Decreto de Urgencia 012-2010 publicada la semana pasada pueda convertirse en una ley que regule y controla la situación de la minería informal en la región Madre de Dios.
Fue durante el Taller de Fortalecimiento de Gestión Ambiental con ministerios y gobiernos regionales, que se viene realizando hasta el viernes 5 de marzo en el Centro de Convenciones La Moneda, en Miraflores, donde Brack Egg enfatizó la importancia de la formalización de los mineros.
“Con respecto al tema minero tenemos muchos conceptos que clarificar, como el de minero artesanal o lo que es un pequeño minero formal. En nuestro país vemos como algo normal la informalidad pero no es así, los peruanos deben acostumbrarse a pagar sus impuestos, a formalizar sus actividades empresariales y productivas”, apuntó.
También apuntó que su sector viene diseñando un plan de recuperación de pasivos ambientales en la región, de conformidad con el D.U, en el cual tomarán parte activa los jóvenes de Madre de Dios, quienes podrán contar con una alternativa laboral económica y sostenible.
“Nos hemos reunido con los ministros de los diez ministerios involucrados en el ordenamiento minero para encontrar la mejor forma de trabajar este proceso en la región Madre de Dios. Debemos llegar a que la minería logre recuperar el mercurio que es arrojado en los ríos de la región produciendo contaminación y graves problemas de salud pública”, refirió Brack acerca del problema de contaminación que viene generando la minería informal.

http://www.actualidadambiental.pe/?p=4436